Incomprensible actitud del Gobierno ante prórroga de los ERTE

La intransigencia del Gobierno a la hora de acordar con los agentes sociales la continuidad de
los ERTE, sin penalización para las empresas, más allá del 30 de junio, indica la falta de
sensibilidad del Ejecutivo con las empresas y especialmente con los autónomos.

Son muchas las decisiones que el Gobierno ha tomado respecto a los autónomos, que
finalmente han sido cortinas de humo, que no han servido de ayuda real a la situación por la que
están atravesando.

No querer comprender que, por ejemplo, una limitación del aforo impide la actividad, no ya por
falta de rentabilidad, sino tan siquiera para cubrir gastos, es cerrar los ojos ante una realidad
palpable. No se les ocurre que si por “orden superior” se limitase en un 50% quien pagase
impuestos de los que les correspondería, haría imposible la gobernanza. Pues igual ocurre con
una empresa a la que en su local de actividad se le limita el aforo a un 50%. No puede continuar
en las mismas condiciones.

Si puede reiniciar la actividad con una limitación, de cualquier tipo, tendrá que hacerlo con el
ajuste de los gastos y costos proporcionales a esa limitación. De los gastos que pueda
proporcionar. Hay de los que no puede limitar el uso y por lo tanto el importe de su uso (Alquiler,
luz, IBI, etc.). Pero el personal, los trabajadores, si que son necesarios, en su mayoría, conforme
el número de clientes que asistan. T0memos por ejemplo un restaurante o una discoteca. Hay
secciones cuyos trabajadores se tendrán que incorporar independiente del número de clientes
posible (jefe de cocina, disjockey…) por el contrario habrá otras secciones en las que la
incorporación si se ve afectada por la limitación del aforo (camareros).

Cuando la fuerza mayor de la limitación es tan explícita que está basada en un Decreto u Orden
de la Autoridad Competente, nadie puede comprender que quien pertenece al órgano colegiado
que dicta el Decreto limitativo no lo considere en toda su extensión.

Penalizar a las empresas que, por fuerza coercitiva de la Autoridad Competente, no se les
permite realizar su actividad en plenitud de derechos, según su licencia, constituye una acción
injusta, arbitraria e insensible ante las empresas y autónomos que soportan el mayor peso de la
crisis presente y futura.